CIUDAD DE MÉXICO — Nadia Loera logró evitar que el papá de su hijo y aún cónyuge, Luis Puente, continuara con su aspiración de contender por la alcaldía de Ahome, en el estado mexicano de Sinaloa. El acaudalado empresario ya había logrado registrarse como candidato del partido Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena), pero no fue considerado en los comicios, después de que Loera difundió el proceso que se lleva en su contra por ser un deudor de pensión alimenticia.
A seis años de empezar su batalla, Loera aún no obtiene justicia. Puente ya tiene dos sentencias de un tribunal colegiado que ordenan a un juez confiscarle algunos bienes para pagar la pensión, pero nada ha sucedido. A decir de Loera, Puente ha comprado la dilación de la justicia. “Él tiene todo el poder para corromperla, contratar abogados, y a mis propios abogados ofertarles mejores honorarios”, dijo.
El empresario también está vinculado con un proceso por violencia familiar, psicológica, económica y abandono de familia. “El INE [Instituto Nacional Electoral] sí le dio el registro, pero a la hora no quedó porque un colectivo de mujeres me apoyó a denunciarlo”, dijo.
Luis Puente no fue la única persona que buscó ser candidato a un puesto de elección popular con una investigación abierta por violencia de género, en los comicios que se llevaron a cabo este 6 de junio en México. Estos fueron los más grandes de la historia del país, con 20,500 cargos a elegir a nivel federal, municipal y estatal.
De hecho, no existe total certeza de que las personas electas en la jornada electoral tengan un historial totalmente limpio en ese tema, aunque por primera vez en México los candidatos firmaron el formato 3 de 3 contra la violencia. En este documento, los candidatos declaran, bajo protesta de decir la verdad, no tener sanción o sentencia por violencia familiar o doméstica, por delito sexual, ni por ser un deudor de obligaciones alimentarias.
En octubre de 2020 el INE lo aprobó como requisito para quienes aspiran a un puesto de elección popular, a nivel local y federal, con el fin de prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razones de género.
Sin embargo, el monitoreo y seguimiento que llevó a cabo hasta el 31 de mayo un colectivo de 154 organizaciones de la sociedad civil bajo el nombre de Observatoria Todas Mx reunió 76 casos de candidatos con alguna denuncia o procedimiento abierto por estar en alguno de esos supuestos. El partido con más candidatos denunciados (30) fue Morena, seguido por el PAN, con 11, y Movimiento Ciudadano, con siete.
“No solo no tendrían que ser elegibles, tendrían que estar siendo investigados, juzgados y en su caso sancionados, porque la violencia contra las mujeres es un delito”, dice Yndira Sandoval, vocera del colectivo.
Sin embargo, la definición que da el INE de la 3 de 3 contra la violencia solo considera retirar el registro si el candidato tiene alguna sanción y sentencia firme, lo cual deja fuera decenas de casos con alguna denuncia o una carpeta de investigación, pero aún no juzgados.
El caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, es un buen ejemplo. Las dos denuncias por violación y tres señalamientos por abuso y acoso sexual en su contra no fueron suficientes para sacarlo de la contienda, pues no tenía ninguna sanción o sentencia. Lo que hizo que quedara fuera del proceso fueron las irregularidades en la fiscalización de su precampaña.
“Si aún no ha sido oído en juicio, el presunto infractor sigue teniendo la presunción de inocencia como principio garante”, dice el consultor jurídico electoral Alfonso Cruz.
Pero en un país como México, con un sistema de justicia poco confiable, gran parte de los delitos queda sin investigar y sin juzgar. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, tan solo los feminicidios alcanzaron una impunidad de 51.4 por ciento en 2019. En México, diariamente son asesinadas en promedio 11 mujeres por una razón de género.
“Estamos expuestos a un sistema judicial débil y poroso y que difícilmente se apega a los lineamientos para dictar justicia”, dice René Torres-Ruiz, investigador en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
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Está el caso también del candidato a alcalde de Cuernavaca, Morelos, Sergio Estrada Cajigal, de Fuerza por México, con una denuncia por violencia física, y Cristóbal Arias, quien se postuló a la gubernatura de Michoacán por ese mismo partido, y que tiene al menos tres carpetas de investigación por violencia familiar, según la Observatoria Todas Mx. Ambos continuaron su participación en los comicios, aunque según los resultados preliminares, hasta este 7 de junio, no les favorecieron.
El instituto electoral del estado de Chiapas, de los pocos órganos que revisaron las declaraciones 3 de 3 de sus candidatos, encontró que 26 tenían algún expediente en los juzgados familiares y penales del estado; sin embargo, ninguno tenía una sentencia definitiva, por lo que la autoridad consideró que los candidatos cumplían con el requisito y podían seguir participando en el proceso electoral.
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Verdad cuestionada
No hubo un esfuerzo institucional para revisar las declaraciones 3 de 3 de todos los candidatos que contendían a alguno de los 20,500 cargos en disputa, salvo en casos contados como el de Chiapas, dice Sandoval.
En ese estado la autoridad electoral contó con el apoyo del Poder Judicial para intercambiar información sobre los 12 mil aspirantes a cargos en ayuntamientos o diputaciones del Congreso local y verificar la veracidad de sus declaraciones.
Por una cuestión de ética, los partidos no debieron postular a personas con mala fama pública o con alguna denuncia. “Reconocemos a los partidos como los principales cómplices, que pese a sus antecedentes decidieron postularlos y generan campañas que son pagadas con nuestros impuestos”, dice Sandoval.
Los casos encontrados por las organizaciones sociales, y otros difundidos a través de medios de comunicación de aspirantes que incurrían en faltas relacionadas con violencia política de género evidencian que puede haber más sin visibilizar. “Estaríamos ante candidatos que falsearon su declaración 3 de 3 para poder contender”, dice Alfonso Cruz, consultor jurídico electoral.
El INE, la máxima autoridad electoral a nivel federal, hizo una revisión muestral solo de los candidatos a las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión. “De un total de 3,000 aspirantes solo revisaron a 1,000, y quedaron fuera casos como el de Saúl Huerta, candidato pedófilo”, dice Sandoval.
El político es diputado federal de Morena, partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, y presentó su renuncia a la reelección para estos comicios, tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor.
“La supervisión de los formatos 3 de 3 tenía que darse en el seno de la autoridad electoral que puede solicitar el auxilio de otras autoridades para supervisar que no hayan falseado sus declaraciones los aspirantes”, dice Cruz. Solo tres candidatos de la muestra del INE fueron retirados de la contienda electoral.
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Sumados los candidatos identificados por la Observatoria, el INE y el instituto local en Chiapas, son 105 quienes tienen alguna denuncia ante alguna autoridad judicial, o bien una investigación abierta, aunque no sentencia.
Según Cruz, aún pasadas las elecciones podrían ser evidenciados quienes tengan una mancha en su expediente. “Los contendientes que no quedaron en primer lugar pueden argüir que el candidato ganador tiene alguno de estos antecedentes”, dijo. Hasta el cierre de este artículo no había aún alguna noticia en ese sentido.
El colectivo de organizaciones feministas buscará que la autoridad considere en la tipología del lineamiento 3 de 3 no solo los casos con sentencia, sino los que tengan algún proceso abierto ante alguna instancia judicial. Además pugnará porque que sea un marco jurídico real factible no solo para cargos de elección, sino también de designación de todos los órdenes de gobierno.
Los esfuerzos en ese sentido no están de más en un país como México, que tuvo el proceso electoral más violento, con 36 candidatos asesinados hasta el 1 de junio, 21 de ellas mujeres, como Alba Barragán, de Movimiento Social en Moroleón, Guanajuato.
(Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos)
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